Datos generales
Guatemala tiene una población que ya ronda los 17 millones de habitantes. El porcentaje de población indígena es uno de los más altos de América Latina, sobrepasando el 46%. El pueblo maya conforma la mayoría de población indígena del país. Hay una minoría de población xinca y garífuna. El resto son ladinos (mestizos).
Siendo Guatemala el país más rico de Centroamérica y uno de los más ricos de América Latina (oro, plata, níquel, petróleo, café, caña de azúcar…), ocupa el lugar 117 en desarrollo humano (PNUD). Las temáticas de educación, salud, pobreza, desnutrición, violencia, discriminación étnica y de género y la vulnerabilidad socioambiental caracterizan a Guatemala como un país que se encuentra políticamente a la deriva y con una fragilidad social que implica riesgos ante eventos naturales de cualquier tipo y nivel, que a la vez implican caos y muerte para miles de personas. Todo esto contrasta, como señalamos, con que Guatemala es la principal economía de la región centroamericana, además de ser uno de los principales agroexportadores de café y azúcar.
Las estadísticas la ubican a la cabeza de la desigualdad y la injusticia: el penúltimo lugar en el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, después de Haití, y en el índice del Hambre, elaborado por el Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarias.
Guatemala, con la mayor economía de la región centroamericana, se caracteriza por ser el país que concentra el mayor número de personas hambrientas y con el mayor porcentaje de niñez desnutrida en Latinoamérica.
El 57% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza y hambruna. En el área rural el porcentaje de pobreza y extrema pobreza sobrepasa el 72%. Dieciséis de los 22 departamentos de Guatemala superan el promedio nacional de pobreza, entre ellos los de mayoría indígena: Quiché, 81%; Alta Verapaz, 78%; Sololá, 74%; Totonicapán, Huehuetenango y Baja Verapaz, 70 %; San Marcos, 66% (ENCOVI, 2018). La mitad de la población hambrienta centroamericana reside en este país de la “eterna primavera y la eterna tiranía”, como la definió el intelectual guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. Guatemala es el país que más ha retrocedido en cuanto al porcentaje de su población en situación de hambre. En el periodo 1991-2016 pasó de concentrar del 23.3% de los malnutridos centroamericanos al 47.2%. (SEGEPLAN 2018).
Casi tres millones de personas han emigrado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida (HispanTV Septiembre 2017). Guatemala encabeza la lista de indocumentados en Estados Unidos (Prensa Libre, 19 agosto 2017). Después de México, Guatemala es el segundo país latinoamericano que recibe mayor cantidad de remesas familiares provenientes de Estados Unidos. Si no existiera este flujo monetario la población en situación de pobreza extrema no lograría sobrevivir.
Multitud de campesinos carecen de tierra para cultivar. Niños sin escolarizar. Aldeas sin escuela o sin maestros. Hospitales sin medicinas. Carreteras intransitables. El país vive sumido en una profunda crisis social y política. Campea la impunidad, la corrupción, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el miedo, el caos. Guatemala es, junto con el vecino país de Honduras, uno de los países más violentos del planeta (según el Informe de la Procuraduría de Derechos Humanos 2016), con un promedio de 17 asesinatos diarios (Instituto Nacional de Ciencia Forenses, Inacif). La violencia obedece a tres factores: las maras o pandillas juveniles que optaron por este camino debido a la falta de oportunidades de estudio y empleo, el narcotráfico y la represión de los poderes del Estado. Las causas de esta situación radican en la tenencia de la tierra en pocas manos, la entrega del territorio nacional a las multinacionales extractivas y un gobierno que solo responde a los intereses de la oligarquía.
Guatemala vivió una de las guerras internas más largas del continente americano, (1960 a 1996) fueron 36 años de persecución política, de dictaduras militares, tortura, desapariciones forzadas y genocidio, dejando más de 200.000 muertos. Los informes de la Memoria Histórica afirman que la causa de esta guerra, fueron las estructuras de opresión instaladas desde la fundación del régimen Colonial, siendo estas estructuras, racismo, clasismo y sexismo, que permite un sistema de exclusión y profundas desigualdades.
La firma de la paz y los Acuerdos firmados entre el gobierno y la URNG podían haber sido el punto de partida para la transformación democrática del país. Sin embargo, no hubo voluntad política por parte de los gobiernos de turno para llevarlos a la práctica. No se abordó la transformación del sistema económico, político y social en Guatemala. La alta concentración de riqueza en pocas manos, la debilidad institucional y la corrupción en todos los niveles permite que en la actualidad se pueda afirmar que las estructuras de opresión y exclusión siguen sosteniendo el sistema y profundizando las desigualdades en detrimento de la dignidad humana de la mayoría de la población, especialmente de la población indígena. Persisten las estructuras de terror, que nunca fueron desmanteladas desde la época del conflicto armado. Los grupos de poder paralelo tienen un fuerte poder económico, político, militar y siguen operando impunemente. Uno de los pocos logros de la firma de la paz es la Recuperación de la Memoria Histórica, que le costó la vida a su promotor, el obispo Juan Garardi, por la que se ha llevado a cabo la exhumación de miles de cadáveres hallados en fosas comunes, asesinados por el Ejército.
Informe de la COPAE
Retomo el Informe de la COPAE (Comisión de Paz y Ecología de la diócesis de San Marcos): “Los derechos reconocidos en las Declaraciones, Convenciones y demás mecanismos de protección internacional de derechos humanos, en el contexto de Guatemala, siguen siendo una retórica normativa con escasa o selectiva sustancia fáctica. La institucionalidad es débil e insuficiente, además de altamente corrupta.
Los pueblos indígenas en Guatemala sufren la sistemática violación a sus derechos individuales y colectivos. Excluidos y olvidados para la dotación de servicios esenciales, como agua potable, caminos, luz, drenajes, hospitales, escuelas, etcétera. Además, son víctimas de políticas de despojo y destrucción de los bienes naturales. Desde la firma de la paz, los gobiernos se han dedicado a promover la implementación de proyectos mineros, hidroeléctricos y monocultivos, promulgando una legislación altamente lesiva para la dignidad humana de los pueblos indígenas, al no contemplar el derecho de Consulta Previa, Libre e Informada de acuerdo al artículo 169 de la OIT.
En el marco de una institucionalidad que opera desde la trama de la corrupción más perversa, se autorizan licencias a las empresas sin cumplir con los estándares y protocolos medioambientales y violando los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala no ha realizado ninguna Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, pero sí ha autorizado cientos de licencias a empresas mineras e hidroeléctricas
Frente a estas acciones, los pueblos han resistido de manera pacífica, incluso accionando ante la Corte de Constitucionalidad en busca de la Tutela Judicial Efectiva, pero incluso las Cortes, en Guatemala han sido cooptadas, ya que la elección de los Magistrados, se reduzca a la compraventa de voluntades y favores dentro del Congreso de la República, un Congreso cuyos integrantes en su mayoría tienen señalamientos por actos de corrupción y muchos de ellos, ya están sometidos a procesos de antejuicio.
La Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos ambivalentes que no han permitido que los pueblos estén protegidos frente a la vulneración de sus derechos. En el año 2017 emitió un fallo que vacía de contenido el recurso de amparo, niega absolutamente la Tutela Judicial Efectiva a los pueblos y formaliza la violación del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, al permitir que El Proyecto Hidroeléctrico Oxec continúe operando, pese a no haber realizado la Consulta Previa.
Todo lo anterior, ha hecho que la espiral de la conflictividad crezca ya que empresas y funcionarios de justicia en los pueblos mayas, han impulsado persecuciones penales en contra de las autoridades de los pueblos mayas que se resisten a la imposición de los proyectos, acusándoles de delitos graves, como sedición, atentado, plagio y/o secuestro y asociación ilícita. Esta persecución penal tendenciosa y racista, que equipara a los pueblos indígenas, su forma de organización y autoridades, con organizaciones criminales y capos de la mafia, ha llevado al encarcelamiento injusto de muchas personas, hombres y mujeres, por varios años. Se estima que más de 400 personas han sido denunciadas penalmente por las empresas, todo lo cual, mantiene a la población indígena de las comunidades, en zozobra, conectándoles a sus temores más profundos, ya que muchas de esas personas, son sobrevivientes del genocidio ocurrido durante la guerra interna.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, han impulsado una lucha frontal contra la corrupción, desarticulando redes criminales. Sin embargo, se ha congelado frente a las denuncias por los actos de criminalización impulsados por funcionarios en el ámbito local, lo cual deja en total indefensión a los pueblos y autoridades mayas.
En ese sentido, los Derechos Humanos, siguen siendo un marco legal de protección al que los pueblos indígenas de Guatemala aspiran, demandando del Estado su cumplimiento con la debida diligencia. No obstante, la institucionalidad del Estado aún no responde, sino más bien actúa consolidando la exclusión y desigualdad históricas, garantizando los intereses económicos empresariales” (COPAE).
Informe de UDEFEGUA
Asimismo, retomo el Informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala –UDEFEGUA-. (Para contactar con esta instancia: <udefegua@udefegua.org>, página web www. UDEFEGUA.org. Este informe fue escrito por Claudia Samayoa y Jorge Santos. Agosto, 2018).
“La situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala es un reflejo del deterioro de los Derechos Humanos en el país. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) –al igual que lo ha hecho durante 16 años, registra las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos que por su labor sufren de violencia. De tal cuenta que, a lo largo de enero a junio del 2018 la UDEFEGUA ha conocido y registrado a través de su proceso de verificación un total de 236 denuncias.
En Guatemala se ha venido agudizando una Crisis de Estado. Estamos en presencia de un quiebre histórico y en el centro de una encrucijada política en la cual se debaten aquellas fuerzas que, mayoritariamente, están a favor de la transformación de las viejas, violentas y corruptas estructuras enquistadas en la institucionalidad del Estado. En esta encrucijada se generan una serie de tensiones, contradicciones y conflictos que generan violencia contra la población y de manera particular contra aquellas personas que desde diversos ámbitos defienden derechos y libertades fundamentales de la población.
Estas agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos han estado marcadas con una serie de hechos y fenómenos en el contexto que se describen a continuación:
a) Modelo de desarrollo extractivista: la lógica del Modelo de Desarrollo en el país se ha caracterizado por el otorgamiento de concesiones y licencias de extracción minera; utilización y apropiación indebida de ríos para el riego de monocultivos (en particular la palma africana y la caña de azúcar) y su crecimiento desmedido e invasivo y, la generación de energía a través de hidroeléctricas de gran envergadura para el mercado internacional. Esta lógica descrita, no cumple las mínimas garantías de los estándares internacionales en derechos humanos, especialmente, el derecho de los Pueblos a la consulta previa, libre e informada, lo que ha provocado agresiones y violencia en todo el territorio de la República. Los casos más representativos son los asesinatos de Sebastián Alonso en Ixquisis, San Mateo Ixtatán y de Eugenio López en Coatepeque, Quetzaltenango. Así mismo, la criminalización y persecución penal contra personas que defienden derechos humanos, como el caso del Profesor Abelino Chub Caal o de los siete miembros de la Asociación de Pescadores de El Estor, Departamento de Izabal por oponerse a la Extracción de Níquel en el Lago del mismo nombre. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala
b) Reformas constitucionales y la urgente transformación del Sistema de Justicia: Durante este semestre, se presentó al Congreso de la República, un importante paquete de Reformas a la Constitución Política de la República, relativas al Sector Justicia. Esta discusión en el hemiciclo parlamentario implicó que muchas y muchos defensores de derechos humanos sufrieran agresiones, especialmente difamación, estigmatización y criminalización. Cabe señalar que el discurso de odio que incita a la violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos fue, particularmente virulento en contra autoridades ancestrales y liderazgo de los Pueblos Indígenas e incluso el Pluralismo Jurídico fue utilizado para desacreditar la totalidad de las reformas.
c) Casos de Corrupción y de delitos cometidos durante el pasado: Más de 300 detenidos en casos de corrupción y más de una veintena de militares implicados en casos de graves violaciones a derechos humanos enfrentando la justicia, ha implicado que muchas personas testigos, familiares, querellantes adhesivos, abogadas y abogados que les representan, sufran violencia y agresión por parte de estos grupos que siguen operando desde la cárcel.
d) Crecimiento del discurso de odio e incentivo a la violencia contra defensoras y defensores: El 2013 el Procurador de Derechos Humanos condenó el Discurso de Odio y solicitó al Ministerio Público investigar a Ricardo Méndez Ruiz. A pesar de esta resolución y hasta la fecha se continúan divulgando mensajes de odio dirigidos e incitando a la violencia en redes sociales y medios de comunicación. Esto ha permitido que muchas y muchos defensores en el país sean agredidos. Un caso emblemático que se puede interpretar como consecuencia de este discurso, fue el de Brenda Domínguez, una adolescente que salió a manifestar frente a su centro educativo por una serie de violaciones de derechos humanos y que fue atropellada por un individuo que conducía un vehículo y que le causó la muerte. Estos mensajes de odio y de violencia lamentablemente no son exclusivos de actores no estatales, sino que también son frecuentes entre funcionarios y dignatarios de la Nación. El caso más simbólico lo representa el envío de un mensaje vía WhatsApp por parte de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia contra la defensora de derechos humanos Helen Mack. Este mensaje fue elaborado, justamente por Méndez Ruiz. Otro hecho relacionado lo representa la campaña en contra de los casos de Justicia Transicional, como ha sido el intento de criminalizar a la familia Molina Theissen en su búsqueda de Justicia; situaciones de control y vigilancia con víctimas, testigos y organizaciones vinculadas al caso Creompaz y más recientemente la campaña en contra de peticionarios del caso conocido como Diario Militar.
e) Presencia del crimen organizado en distintos territorios del país: En muchas ocasiones la ausencia del Estado en vastos territorios de la República ha implicado que el crimen organizado, en particular el narcoactividad y la trata de personas, se estructuren y tomen control sobre comunidades que son sometidas por estos grupos criminales. Este control territorial también se da con el concurso de inversiones privadas que se benefician mutuamente al tener control del mismo. Un ejemplo de esto, son las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos como la criminalización, violencia contra la integridad física y a la vida en el departamento de Petén, en los casos conocidos como el Ecocidio del Río La Pasión y el desalojo violento y expulsión de la comunidad Laguna Larga.
f) Resoluciones judiciales a favor de comunidades y Pueblos Indígenas: Varios casos han sido presentados por Comunidades Indígenas en el Sistema de Justicia del país, ya sea pretendiendo recuperar sus tierras históricamente expropiadas o en contra de la presencia de inversiones mineras o hidroeléctricas en sus territorios, importantes resoluciones han sido favorables a ellas. Esto ha implicado que se desate una agresividad contra dichas comunidades a través de diversos hechos: los casos de persecución penal contra Ana Rutilia Ical y Bernando Caal Xol de las comunidades de Cahabón quienes firmaron los memoriales para realizar la Consulta Comunitaria de Buena Fe por la instalación de una hidroeléctrica (empresa española COBRA) en ese municipio de Alta Verapaz; o el más reciente por racismo y discriminación en contra del Pueblo Xinca, son una clara muestra de ello y esta campaña se ha extendido al abogado Rafael Maldonado de CALAS.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA) –ha registrado durante el año 2017 (de enero a junio) un total de 236 agresiones contra personas que defienden derechos humanos en el país; es decir estos 6 meses representan el 89.73% de la totalidad de agresiones registradas durante todo el año 2016.
El 8 de marzo de 2017, día de la mujer, 41 adolescentes fueron asesinadas, quemadas vivas, en el Hogar Virgen de la Asunción presuntamente por funcionarios y funcionarias de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC),
Es de señalar que las adolescentes asesinadas en el incendio provocado en el Hogar “Virgen de la Asunción” tiene la característica que muchas de ellas, así como familiares y funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, habían denunciado previamente, agresiones tales como Trata de Personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, física y psicológica. Varias de ellas estaban embarazadas debido a los abusos sexuales de sus monitores. Luego de este ignominioso crimen, las familias de las niñas asesinadas y sobrevivientes han emprendido la lucha por el acceso a la justicia.
Otro fenómeno que lacera profundamente la dignidad y la vida de defensoras y defensores de derechos humanos es la criminalización, con un total de 106 casos registrados entre difamación, denuncia judicial, detención arbitraria y detención ilegal, representando así el 44.92% de todas las agresiones. Durante este periodo, detenciones tales como la de los hermanos Guitz Pop o la de Abelino Chub Caal, quien guarda prisión desde el 03 de febrero, son la muestra irrefutable de una forma perversa de utilización de la ley penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.
UDEFEGUA ha registrado un total de 26 agresiones a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en 2017. El departamento de Guatemala presenta la mayor cantidad de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. En el periodo reportado se registraron un total de 111 agresiones, representando así solo el departamento central el 47.03% de la totalidad. Por su parte la región del Altiplano Occidental sigue siendo alarmante en la medida que se han registrado por parte de UDEFEGUA un total de 48 agresiones contra personas que defienden derechos humanos. Así mismo, la Región Nororiental (comprendida por Alta y Baja Verapaz, Petén, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Izabal, El Progreso y Zacapa) se registraron 74 agresiones, representando así el 31.35% de la totalidad. Dentro de esta región es Alta y Baja Verapaz, Izabal y Chiquimula los departamentos que dan muestra de mayores niveles de deterioro en materia de derechos humanos y de la violencia reportada contra personas que defienden derechos humanos, particularmente, la criminalización y asesinatos a los que son sometidos.
El 45.34% se dio contra defensoras, con un total de 107 víctimas. Agresiones por Sexo. La violencia en contra de las mujeres ha sido particularmente más profunda, al estar marcada por una serie de hechos que dan muestra de saña y violencia extrema en su contra. De esa cuenta, los hechos registrados el 08 de marzo del presente año, al mismo tiempo que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, se estaba produciendo el incendio en el Hogar “Virgen de la Asunción” que dejó como resultado a 56 niñas y adolescentes afectadas, de las cuales 41 murieron producto del mismo. Otro hecho atroz, fue cometido contra 11 niñas que, demandando una educación libre, laica y de calidad, en las afueras del Instituto en el cual estudiaban, fueron embestidas por un vehículo. De este hecho, muere una de las adolescentes, convirtiéndose en un caso que es el resultado del incremento del discurso del odio e incitación a la violencia.
Así mismo la criminalización afecta la labor de defensa de derechos humanos de las mujeres, en la medida que son sometidas a sendas campañas de difamación y estigmatización, como denuncias judiciales, detenciones arbitrarias e ilegales. UDEFEGUA, ha registrado de enero a junio de 2017 un total de 34 hechos de criminalización contra defensoras. Frente a los hechos descritos previamente, resulta lógico que el tipo de defensora más afectada sean aquellas que defienden derechos de la niñez y adolescencia, seguidas por quienes defienden un ambiente sano. Resulta particular que, dentro de las y los acompañantes, de un total de 29 agresiones, 11 sean mujeres, estas son agredidas durante las audiencias públicas en el sistema de justicia o través de redes sociales con un profundo discurso no sólo misógino, sino también racista, clasista y discriminador.
Reflexiones finales Frente a esta profundización de la violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos la UDEFEGUA manifiesta su preocupación por los pocos avances que el Estado guatemalteco cuenta para protegerles e implementar un clima favorable para el pleno ejercicio de los derechos humanos en el país. En particular queremos destacar los siguientes aspectos: A pesar de los esfuerzos que desde la sociedad civil y organizaciones sociales, populares y de derechos humanos se realizan en la generación de propuestas para la protección de defensoras y defensores, la institucionalidad pública no considera ni toma en cuenta las mismas. Es preocupante que a más de un año, la Fiscal General del Ministerio Público no haya firmado la Instrucción General para investigar delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, instrumento que sin lugar a dudas fortalecería el accionar de la fiscalía de sección que aborda el tema. Aún y cuando aplaudimos el esfuerzo de la COPREDEH, por el impulso de la Política Pública en Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, nos preocupa en extremo el clima de agresión, violencia y criminalización contra quienes defienden derechos humanos, lo cual va en contra de la lógica de construcción colectiva y sin presiones de una política de esta envergadura. Los territorios como Alta Verapaz, Izabal, Petén, Huehuetenango, Quiché, Santa Rosa, San Marcos y Chiquimula dan muestras preocupantes de ataques y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual hace necesario que el Estado guatemalteco impulse acciones de diálogo y transformación por los conflictos allí existentes. La UDEFEGUA en conjunto con otras organizaciones han desarrollado una Línea Base para medir el cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, lo cual esperaríamos fuera un importante impulso para que el Estado guatemalteco realice su Plan Nacional de Acción en la materia, con el fin de contener la agresión por parte de miembros de la iniciativa privada contra personas que defienden derechos humanos. Guatemala, agosto 2017” (UDEFEGUA).
Consejo del Pueblo K´iché (CPK)
El Consejo ha centrado su actividad en la defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a una vida digna, derechos al agua, a la tierra y, en general, los derechos económicos, sociales, culturales e ambientales (DESCA).
Da seguimiento a procesos de consulta popular y de Buena Fe en la región, donde cientos de comunidades de varios municipios cuestionan desde hace años, pública y colectivamente, los megaproyectos (mineros, hidroeléctricos, agroindustria) y el anillo eléctrico. 84 alcaldes comunitarios e integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), participan en el CPK.
Integrantes del CPK han recibido amenazas y ataques, que motivaron varias solicitudes de observación y acompañamiento internaciona; en ese contexto, hemos mantenido presencia en Santa Cruz del Quiché, y hemos mantenido reuniones con integrantes del CPK y, en particular, con una de su lideresa en el país y en el exterior, Lolita Chávez Ixcaquic, quien ha sido blanco de ataques y cuenta por ello con medidas acautelares de la CIDH.
Sistema de Justicia arbitrario
El sistema de Justicia está manipulado por decisiones políticas del gobierno, presiones económicas y poderes paralelos. “Desde el Organismo Ejecutivo y Legislativo se están impulsando acciones de impunidad y desalojos forzosos de campesinos en diferentes regiones del país, así como la criminalización de la protesta social”, señala Ramón Cadenas, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (30 noviembre 2017). Y sigue diciendo: “Continúan los frecuentes acosos y amenazas a abogados y abogadas que tratan de hacer justicia. Preocupa sobremanera el caso de la Jueza Ericka Aifán Dávila, ya que se trata de una jueza honrada e independiente”.
El 85% de la población guatemalteca considera que el sistema de justicia es el más sobornado. Hay justicia para los poderosos y adinerados, en cambio los pobres quedan excluidos. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua. En los juzgados no dan importancia a los mayas.
Es preocupante la falta de acceso a la justicia de gran parte de la población. Según datos oficiales, de cada cien homicidios, 93 quedan en la impunidad y de las denuncias presentadas al Ministerio Público, sólo el 3% llega a sentencia. Esto es debido a la fuerte influencia que diversos poderes fácticos ejercen sobre el sistema de justicia.
Política de las multinacionales Hidroeléctricas y Mineras
De acuerdo al artículo 169 de la OIT, como señalamos anteriormente, toda empresa que entre en territorio indígena debe antes informar sobre el proyecto, para después someterlo a un consulta comunitaria. Sin embargo, con el aval del gobierno entran las multinacionales en los territorios indígenas, cayendo como aves de rapiña, despreciando el sentir de los campesinos.
Una de las empresas que se hizo presente fue Unión Fenosa. Cobraba alumbrado público en aldeas que no lo tenían, y hubo abuso de cobros desmesurados. Ante las movilizaciones sociales que provocó su actuación, “la respuesta de Unión Fenosa fue el menosprecio, prepotencia, amenazas y represión, primero cortando el servicio eléctrico a determinadas comunidades y después con la violencia, criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población”. De hecho, en diciembre de 2009 el gobierno guatemalteco –a petición de Unión Fenosa- decretó el estado de sitio en el departamento de San Marcos, “restringiendo una serie de garantías constitucionales”. Sicarios de Unión Fenosa asesinaron al líder comunitario, promotor de DDHH y catequista, Víctor Gálvez Pérez, el 29 de octubre de 2009, por orientar a las comunidades en la defensa de sus derechos.
En el departamento de Huehuetenango se hizo presente la empresa española Hidralia Santa Cruz. Los campesinos se opusieron. Tres activistas fueron tiroteados en mayo de 2014. Uno de ellos, Andrés Francisco Miguel, murió a consecuencia de los disparos. Quien sobrevivió al ataque, Pablo Antonio Pablo, fue “uno de los líderes denunciados por la empresa porque se había opuesto a vender sus tierras pese a las presiones recibidas”.
Criminalización de mujeres mayas
Entre la criminalización de mujeres destaca María Maribel Díaz Gómez, ocurre dentro del contexto de protesta de las comunidades del Pueblo Maya Mam, del municipio de San Pablo, San Marcos, por la detención injusta de Fausto Sánchez Roblero, el día 10 de diciembre del 2014, paradójicamente el día internacional de los derechos humanos.
Al menos 14 comunidades del Pueblo Maya Mam, que habitan en el municipio de San Pablo han resistido la imposición de proyectos hidroeléctricos desde el año 2010. Para ello han recurrido al diálogo, a la protesta pacífica, han llegado a acuerdos, que han sido incumplidos por parte de empresarios y autoridades. Todo esto desató una persecución contra las autoridades de las comunidades, a través del mecanismo de las detenciones ilegales y denuncias falsas.
María Maribel Díaz, fue detenida sin orden judicial, por miembros de la Policía Nacional Civil, a inmediaciones del mercado del municipio de San Pablo. Fue la única mujer de 14 personas que han sido ligadas a proceso penal en el municipio de San Pablo, San Marcos. Se le sindicó de haber cometido los delitos de “Robo Agravado”; “Sedición” y “Atentado con Agravación Especifica”.
María Maribel, a los 15 días de haber sido encarcelada, se entera que su esposo se había ido a México, llevándose a sus 2 hijos mayores y dejando a los 2 menores en casa de la madre de María Maribel. La desintegración de su familia, sumado al temor de enfrentar un encarcelamiento largo, la llevan a aceptar un trato ofrecido por el Ministerio Público, el cual consistía en autoinculparse por hechos que nunca cometió, a cambio de ser condenada por un delito con pena menor, que le permitiría salir con celeridad.
El 8 de diciembre del 2015 fue condenada por el delito de Atentado con agravación específica, a 2 años de prisión. Salió en libertad el 1 de marzo del 2017, como se puede constar, estuvo encarcelada 2 años, 2 meses y 16 días. En ese sentido, cumplió más tiempo que el de la condena impuesta. El caso aún continúa abierto, ya que fue interpuesto el Recurso de Casación, el cual aún está pendiente de ser resuelto.
María Maribel, al salir de prisión, se encontró con su familia desintegrada, precariedad económica, ya que para sufragar gastos de manutención de sus hijos, tuvo que vender la mitad del lote que tenía para su vivienda y además con secuelas psicológicas y físicas, las cuales se profundizan, ya que el estigma de haber estado en prisión y haber sido condenada la persiguen constantemente.
En el caso de la criminalización de mujeres mayas, es notorio el sesgo racista de las denuncias y acusaciones, ya que tienden a equiparar con total ligereza, a las organizaciones y sistemas de autoridad ancestral maya con organizaciones criminales creadas para delinquir y a sus autoridades con capos de la mafia.
A continuación, el punteado de los hallazgos alrededor de los elementos más característicos, de la criminalización de mujeres mayas.
- Perseguidas de forma preferente, por ser mujeres con liderazgo y/o calidad de autoridad maya.
- Impulso de persecución penal con sesgo racista, al equiparar a la organización comunitaria ancestral maya, con asociaciones ilícitas creadas para delinquir y a sus autoridades como capos de la mafia.
- El ser mujer es causa de múltiple persecución penal, como una forma de ensañamiento.
- La feminización de la criminalización, como fenómeno que expresa, la deliberada preferencia de perseguir mujeres, como un mecanismo de disuasión más efectivo de la protesta y resistencia social.
- La manipulación del rol socialmente impuesto de la maternidad como mecanismo para la autoinculpación. Resultando que las autoinculpaciones legitiman las persecuciones penales y los encarcelamientos injustos. En ese sentido, la criminalización de mujeres reditúa ampliamente, a quienes la impulsan.
Una mujer campesina, Quimy de León, activista en la defensa de la tierra, dijo:
“Al Estado le declaramos que no somos terroristas, que no somos delincuentes. Le pedimos que dé la libertad a los líderes que tiene presos y que cancele las licencias de hidroeléctricas y mineras, porque nosotros hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años pero ahora ya no, porque llegaron los empresarios y desde entonces hay un gran conflicto para nosotros”.
Lucha contra la corrupción y la impunidad
La actual coyuntura que vive el país está marcada por la lucha contra la corrupción y la impunidad, necesaria e imprescindible para recuperar un Estado que dé respuestas a las necesidades y demandas de los guatemaltecos y se avance hacia una sociedad que reconozca y respete la dignidad humana y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El expresidente de la República Jimmy Morales se presentó a las elecciones con la consigna “Ni ladrón ni corrupto” después de la nefasta administración del general Otto Pérez Molina. Sin embargo, paradójicamente, su campaña electoral fue financiada con “dinero ilícito y anónimo procedente del crimen organizado y del narcotráfico”, según la investigación de Iván Velázquez, presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), misión anticorrupción de Naciones Unidas en el país. Es por eso que el Presidente Morales declaró persona “no grata” al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, expulsándolo del país, pese a las masivas protestas de las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y de la Iglesia católica. Esta decisión es entendida como una afrenta a los esfuerzos realizados en el país por rescatar la transparencia y la institucionalidad de los poderes del Estado y de toda la sociedad.
La Corte de Constitucionalidad ha fallado a favor de la permanencia del Presidente de la CICIG. Sin embargo, el Congreso de los Diputados, que está cooptado por las mafias, apoyó al Presidente de la República.
A modo de conclusión
A la corrupción y la impunidad se suma la problemática agraria, que está presente a lo largo y ancho del país porque no se ha respetado la posesión histórica de la tierra y porque las fuerzas de seguridad se han puesto al servicio incondicional de la oligarquía y de las empresas multinacionales hidroeléctricas y mineras que explotan oro, plata, cobre, níquel, plomo y otros minerales y de aquellos que buscan acaparar más tierra para la siembra de palma africana o caña.
En año 2017 doce comunidades han sido afectadas violentamente, en varias de ellas quemadas sus casas, sus ropas, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias han sido abandonadas a su suerte. A nadie le importa la mirada triste de los niños viviendo en condiciones totalmente infrahumanas, ni mucho menos el llanto de las madres que se han quedado solas con sus hijos porque el padre fue asesinado o recluido en la cárcel por luchar en defensa del territorio, por su derecho a la tierra o en contra de las mineras e hidroeléctricas, tal como lo señala un dirigente comunitario indígena: “El Estado tiene la obligación de responder a las demandas de la población afectada por este sistema que nos desaloja, nos criminaliza, nos discrimina y encima nos quieren expulsar de nuestros territorios para proteger sus intereses con empresarios corruptos que impulsan la impunidad en el país” (Tomás Jom Yat, del Comité de Unidad Campesina).
Resolución
Ante la crítica situación imperante en Guatemala de violación sistemática de los Derechos Humanos, concluyo esta descripción en la que he retomado diversos informes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, solicitando a las organizaciones de solidaridad el apoyo a las luchas y esperanzas de este pueblo, particularmente de la población más desfavorecida como es la indígena.
Fernando Bermúdez López 2018