La Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia está formada por once organizaciones de las cuales seis enviaron representante a esta nuestra primera gira en terreno.
El objetivo era reunir información de primera mano sobre la realidad de la situación de los Derechos Humanos, el estado de la implementación del Acuerdo de Paz y las condiciones en las que se encuentran defensoras/es y líderes/as sociales.
En resumen se podría decir que Colombia es un país muy rico en recursos y cultura que se ve sometido a altísimas cotas de violencia para apropiarse de la explotación de esas riquezas. Minería extractiva como oro, plata, petróleo, carbón… y otras como Hidroeléctricas, Ganadería y Agricultura extensiva, con el telón de fondo del verdadero producto con alto valor añadido de exportación que es la cocaína, son los tableros donde se juega esa lucha.
Los gobiernos sucesivos serían aquí equiparados con la ultraderecha, más extremos en las ramas Uribistas, como la del actual presidente Iván Duque, a quien en algunos ámbitos se le apoda el aprendiz del embrujo por su continuidad con el programa de gobierno adelantado por Álvaro Uribe Vélez, presidente colombiano del 2002 al 2010, investigado por su implicación en la creación de los grupos paramilitares y por supuestos lazos con el narcotráfico.
A Iván Duque, análogamente a otros líderes como Donald Trump, se le cita con frecuencia por su aparente impericia en el gobierno, algo que provoca una dialéctica propia de la valoración que puede llegar a distraer de los temas reales del país. La estructura de mando en Colombia se compone de la «nobleza económica», grandes latifundistas que incorporan las medidas del neoliberalismo internacional para su enriquecimiento. Este «capitalismo salvaje» goza de protección absoluta en la legislación y las acciones de gobierno. No hemos observado «falta de voluntad» política por resolver los problemas de la ciudadanía, sino una decidida acción continuada por esquilmar recursos en favor de una élite que coopera con grandes multinacionales, españolas incluidas.
Hemos de describir dos ambitos distintos, el de las ciudades y el de los territorios rurales, con población campesina.
El esquema de actuación funciona a través de los paramilitares, que aterran a la población campesina. Asesinatos de líderes/as sociales de comunidades campesinas, de indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, de partidos políticos, movimientos sociales o ex-miembros de las guerrillas como las FARC, son cotidianos en el país. Quedan activas las guerrillas del ELN, EPL y del ala refundada parcialmente de las FARC.
Los paramilitares tienen una dinámica que repiten en diferentes lugares. En esquema sería realizar una masacre en una comunidad, con la que crean terror, extorsionan a los campesinos para comprarles a muy bajos precios sus tierras o los expulsan si se han significado en la resistencia, a partir de ahí vienen asesinatos selectivos para ganarse la simpatía de la población, gays, feministas o líderes/as sociales de los que, con frecuencia, hacen correr rumores de que son guerrilleros. Se convierten en falsos protectores de comunidades, creando división en ellas y recelos mutuos a la hora de expresarse. A menudo los silencios sustituyen a declaraciones necesarias. A la hora de reclutar nuevos adeptos se nos ha reportado que organizan fiestas y que, con frecuencia, es en menores de edad donde hace efecto. Prefieren población local porque conocen los caminos y a sus vecinos y aumenta la eficiencia. No está clara la relación entre estos grupos paramilitares y el ejército. Se nos ha reportado que gozan de una relación idílica, sin fisuras, también que no hay modo de localizar a estas bandas paramilitares, o bien que son miembros del ejército que se organizan para sus acciones, incluso tomando armas del propio ejército. En un lugar se nos reportó que hay un cuartel del ejército contiguo a uno de paramilitares. Es un verdadero laberinto saber quién es quién como actor armado y a quién sirve, pues las concesiones mineras a menudo se hacen a favor de sociedades pantalla. Se reporta que hay trece grupos paramilitares: Águilas Negras, Gaitanistas… que buscan controlar los territorios para beneficiarse de economías ilícitas a partir del negocio de las drogas, la extorsión o la seguridad privada para empresas.
Recuperando parte de la historia reciente, el presidente Santos, anterior al actual, uribista moderado, llegó a un Acuerdo de Paz con las guerrillas de las FARC en 2016. El objetivo era neutralizar una parte del Conflicto Armado y entre los compromisos asumidos por el gobierno dentro del acuerdo es el desmonte del Paramilitarismo, algo esto último que, como vemos, se ha hecho en falso. El Acuerdo abordó un abanico de actuaciones a implementar para la normalización del país. Los gobiernos de Noruega y de Cuba hicieron acompañamiento al diálogo de paz. Hay que decir que las ambas partes eran reacias a incluir derechos de igualdad de la mujer y para el colectivo LGTB. Gracias a la labor de organizaciones feministas y de víctimas, se les convenció para incluir el enfoque de género. Se hizo un referendum nacional para refrendar el Acuerdo y las élites y, en gran parte, grupos religiosos, hicieron una feroz campaña en su contra. Se perdió por estrecho margen.
El acuerdo contempla procesos de conocimiento de la verdad, de reparación a las víctimas, de castigo a los culpables y de garantías de no repetición. Se crearon instituciones para su seguimiento y defensa, con funcionamiento de distinto signo. Se nos reporta en disculpa a la actitud del gobierno que nunca pensaron que el costo de indemnizaciones subiría tanto (236.000 muertes, mas heridos incapacitados, casas o aldeas destruídas…) y que las agencias de calificación internacional advirtieron de rebajar la valoración del país si se endeudaba con este propósito. Ante la implementación irregular de los diferentes puntos del Acuerdo de Paz e incluso mucho antes, se ha ido creando un rico tejido social de Movimientos Sociales que es un verdadero atractivo a conocer por cualquier activista internacional. Tienen como objetivo paliar los efectos nocivos sobre la población, ayudar a las víctimas a litigar o a esclarecer la verdad, proteger a lideresas y líderes sociales o regenerar la vida democrática del país. En el ámbito de la cultura, de la abogacía, de los medios de comunicación social, con módulos educativos en las universidades, con casas de acogida o de orientación… Colombia se mueve. Via Acuerdos de Paz o movimientos sociales, hay un hervidero constante de acciones donde conviven la vieja izquierda con ideas más o menos arcaicas con agentes con verdadera conciencia social y en constante renovación. Los resultados van del éxito moderado a la frustración. Hay que destacar y homenajear el enorme peso que las mujeres están jugando en esta etapa histórica y su contribución a la «sanación social» de país.
La adhesión histórica a las FARC es ahora variable. En las zonas rurales donde operaron hay cierta simpatía por la protección que ofrecieron, aunque no despertaron entusiasmo sus programas de desarrollo. No hay que olvidar que surgieron para hacer frente a los constantes asesinatos que sufrían los lideres sociales y políticos y que durante muchos años constituyeron un verdadero contrapoder al estado en amplias zonas del territorio. Al desactivarse se habla de que el espacio no ha sido ocupado por el estado con los servicios que la población necesita, seguridad pero también electricidad, educación, sanidad… y aquí es donde vuelven a entrar en el relato los paramilitares (se habla de asesinatos de miembros del ejército que denuncian hechos delictivos). Siguen tan operativos como siempre y las consecuencias positivas de pertenecer al Estado llegan a menudo de manera reducida. Se desactivan, por ejemplo, universidades en territorios para que no sirvan en favor de la población local.
Tantas masacres en zonas campesinas, han generado Comunidades de Paz, o con distinta denominación, o Reservorios Indígenas con reconocimiento constitucional pero escasa protección. Indígenas en particular sufren esta violencia. Los asesinatos destacan por su crueldad, con torturas y mutilaciones, a veces en presencia de hijos o cercanos. Se abunda en hacer desaparecer los cuerpos, otras veces, por la impunidad que otorga y por convertir en un calvario interminable su búsqueda y cerrar el duelo para rehacer la vida. Una ley reduce a un máximo de ocho años de cárcel las consecuencias de confesar crímenes. Su lado positivo es que se esclarece mucha verdad y se pueden sanar muchas situaciones personales a partir de aquí.
El Conflicto Armado ha generado ocho millones de desplazados de las áreas campesinas a las ciudades, a otros municipios, a países limítrofes o al exilio lejano. Hay casas de acogida muy bien atendidas para proteger a líderes/as amenazados de muerte. Algunas víctimas del desplazamiento forzado interno suelen construir su propia casa en los cerros andinos que rodean las principales ciudades. La precariedad es grande, sin apenas servicios, sin calles en zonas altas, sustituidas por interminables escalinatas y el tránsito por azoteas ajenas para llegar a la propia casa. Sin apenas oferta de trabajo se recurre a encomiables iniciativas de supervivencia, los puestos callejeros, que se ven extorsionados con frecuencia por la policia, que exige una cuota, segun reportes, de 2000 pesos (algo más de medio euro diario con sueldos medios de 160 euros mensuales) por permitir trabajar. Otra es la droga, con bandas criminales que poseen territorios en las barriadas y crean «fronteras invisibles» y variables por las que se puede pedir una cuota de paso, ser robado o, si se es de otra banda, asesinado. También hay programas preventivos de la prostitución. Ante la magnitud de tal comercio abundan los letreros en hoteles del país con declaraciones en contra de trata con niñas o niños menores.
Hay inseguridad en las ciudades y la vuelta a zonas rurales, que sería una gran solución para el país, se ve obstaculizada por el gobierno. Los terratenientes poseen 40 millones de hectáreas de terreno poco aprovechado, los planes de reforma agraria de los Acuerdos, establecían la restirución a campesinos de 13 millones, luego rebajados a 10. Actualmente se han formalizado solo tres millones, con exclusión de mujeres que, con frecuencia, no ven reconocido su derecho de propiedad. Como telón de fondo la producción de cocaína, de la que se sirven paramilitares y guerrilla y es arma arrojadiza para desprestigiar a todos mientras el campesinado no recibe un plan coherente y sostenido para la sustitución de cultivos.
El ejército genera «falsos positivos», a menudo en relación criminal con los paramilitares, para justificar fondos que les han sido entregados, por el gobierno colombiano o dentro de programas de colaboración militar con EEUU para luchar contra la guerrilla o el narcotráfico, «equilibrando estadísticas» con otros agentes armados hasta llegar, según confesiones, a diez mil personas. A veces gente anónima que responde a un anuncio de trabajo. Los ESMAD, antidisturbios de las ciudades tienen también un largo historial de brutalidad. Abundan los grupos de policía en zonas turísticas. La gente acomodada tiene sus medios de comunicación que venden un país muy otro, hay gente humilde que cree ese relato, sumidos en su propia supervivencia. Y hay muchas manos y voces trabajando por la democracia y la igualdad.
Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia
17 de diciembre de 2019